Bogotá, 12 de julio de 2026 (@DefensoriaCol). El pasado miércoles 8 de julio se registró un incendio forestal de gran magnitud en el sector La Planada del municipio de Los Andes, en el departamento de Nariño. Las dificultades para controlar y extinguir la conflagración han permitido que el fuego avance hacia la zona rural del municipio de Cumbitara, específicamente a los sectores de Loma de Arroz y Aminda, poniendo en grave riesgo la Reserva Forestal del Pacífico y las principales fuentes de abastecimiento de agua de acueductos veredales de la región.

La expansión del incendio incrementa los riesgos para las comunidades que habitan este territorio y compromete un ecosistema estratégico para el departamento de Nariño. La atención oportuna de esta emergencia resulta indispensable para proteger la vida, la integridad, el acceso al agua y los derechos de la población afectada.

Además se presentan dificultades adicionales derivadas de las condiciones de seguridad en la zona, lo que limita el acceso oportuno de los organismos de atención de emergencias y aumenta los riesgos para las comunidades afectadas.

Garantizar el ingreso seguro del personal y el desarrollo de las labores para controlar el incendio resulta indispensable para proteger la vida, la integridad de las comunidades y un ecosistema estratégico para el departamento de Nariño.

Ante la gravedad de esta situación, hacemos un llamado urgente:

●    Al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, para que ejecute de manera inmediata todas las acciones necesarias que permitan atender esta emergencia, controlar el incendio y reducir los riesgos asociados para las comunidades y el ambiente.
●    A las autoridades de los municipios afectados, a la Gobernación de Nariño y al Gobierno nacional, para que fortalezcan la articulación interinstitucional, superen las barreras administrativas que dificultan la coordinación entre la Nación y el territorio y adopten acciones integrales para la atención de la emergencia y la mitigación de sus impactos.
●    A los grupos armados no estatales, para que garanticen el acceso seguro del personal y de los organismos de atención de emergencias, permitiendo el desarrollo de las acciones humanitarias y de gestión del riesgo necesarias para atender esta situación. Asimismo, instamos a la implementación de un corredor humanitario que permita proteger la vida, la integridad y los derechos de las comunidades afectadas y del personal que atiende esta emergencia.