El mes de agosto de 2019 marcó una etapa importante en el avance de la implementación del proceso de paz, pues en dicha fecha se venció la figura jurídica establecida mediante el Decreto 2026 de 2017, que reglamentaba los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), creados mediante el Decreto 1274 de 2017, los cuales, según el artículo 5 del mencionado decreto, podrían tener una duración de dos (2) años contados a partir del 15 de agosto de 2017. Por consiguiente, la Defensoría del Pueblo, en el cumplimiento de su mandato de garantizar el respeto y la plena observancia de los derechos humanos en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, priorizó el seguimiento a la situación de las comunidades aledañas a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, el papel de las autoridades locales y departamentales y el proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC-EP.

Para el cumplimiento de este objetivo, como ha sido el compromiso institucional de la Defensoría del Pueblo, es de sumo interés hacer seguimiento al proceso de reincorporación, teniendo en cuenta el rol fundamental que las antiguas zonas han venido desarrollando en el marco de implementación de los acuerdos.

El primer informe emitido por la Defensoría del Pueblo en el año 2017 fue el resultado de la ruta de seguimiento a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y a los Puntos Transitorios de Normalización (PTN), los cuales, posteriormente, se transformarían en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). El documento recopila el análisis de cinco situaciones que fueron objeto de observación en el territorio y que, además, fueron verificadas mediante el diálogo con las comunidades, así como con integrantes de las extintas FARC-EP que se encontraban en los ETCR, los miembros del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, entre otros sujetos de relevancia en el proceso. Estas valiosas percepciones permitieron comprender de manera holística la situación de las comunidades que acogieron las zonas veredales, el nivel de avance en la adecuación de los ETCR, las condiciones de seguridad en el contexto de transición, el desarrollo del proceso de reincorporación y el abordaje del enfoque diferencial.