• El informe presentado ante el Congreso de la República evidencia las barreras que enfrentan los movimientos políticos en las regiones y alerta sobre el incremento de la violencia física y digital, una problemática que afecta de manera desproporcionada a las mujeres.

Con motivo de los diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz y ocho años de implementación del Estatuto, la Defensoría presentó un detallado informe sobre la aplicación de la norma e incluyó un análisis histórico del ejercicio de los derechos a nivel nacional, departamental y municipal, que permite identificar tendencias frente a la garantía o incumplimiento de los derechos de la oposición. 

Una de las dificultades identificadas es que los derechos del Estatuto fueron diseñados pensando en el Congreso, por lo que su implementación en los niveles departamental, municipal y distrital es limitada.

Por esto, persiste el reto de que las organizaciones políticas se apropien del Estatuto y los derechos que estipula en las asambleas departamentales y los concejos municipales y distritales.

El informe evidencia que hacer oposición en Colombia requiere garantías que aún no están consolidadas y que el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), presenta un bloqueo estructural que la propia Corte Constitucional identificó en 2025.

Violencia política y estigmatización

Para la Defensoría, la percepción de la oposición sobre inseguridad sistemática y demoras institucionales en materia de protección es sintomática de la experiencia general de violencia política durante las pasadas elecciones.

Teniendo en cuenta datos de la Misión de observación Electoral (MOE), entre el 8 de marzo de 2025 y el 8 de marzo de 2026 se registraron 435 agresiones contra liderazgos políticos, sociales y comunales. De los 435 casos, 80 agresiones (18,4%) fueron contra mujeres lideresas y 52 afectaron exclusivamente a lideresas políticas. 
  
Aunque hubo una reducción del 25 % frente a las elecciones de 2022, en las que se documentaron 582 hechos, sigue siendo una situación delicada de violencia que ahora se orienta al control territorial y emplea formas más focalizadas y estratégicas de agresión. 
  
A esto se suma que la polarización política y los discursos estigmatizantes permearon las campañas electorales de 2025 y 2026. “Si bien la estigmatización no es una invitación directa a la violencia política, el tono del lenguaje y los ataques digitales autorizan e incentivan comportamientos violentos que ponen en riesgo la vida, la participación política de todos los actores y la calidad de la democracia”, se indica en el informe. 
  
En un monitoreo en la plataforma X a comentarios hostiles contra actores políticos de la oposición nacional, entre el 20 de febrero de 2026 y el 30 de mayo de 2026, la Defensoría del Pueblo encontró que la forma más frecuente de violencia digital fue el insulto o descalificación (34,08 %), seguida de otros contenidos hostiles (31,95 %). La agresión verbal y simbólica (más que las amenazas directas) fue el mecanismo principal de hostigamiento político en X durante ese periodo, en una muestra realizada con 61 actores políticos de partidos declarados en oposición.

Las mujeres de la muestra fueron afectadas por la violencia digital de manera desproporcional, aunque representaban solo el 19,7% de los sujetos monitoreados, concentraron el 38,3% de los registros hostiles identificados. 

Ante esta situación de violencia digital y estigmatización, la entidad sigue insistiendo en que la calidad del lenguaje político no es un asunto formal ni secundario frente a la agenda de las campañas políticas.

Esta fue la premisa del Compromiso por un Proceso Electoral Libre y en Paz en Colombia, una iniciativa de la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, la MAPP OEA y la Misión de Verificación de Naciones Unidas, con el apoyo de ONU Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Misión de Observación Electoral.

El Compromiso planteó nueve principios orientados a fortalecer la calidad del debate democrático y la protección de los derechos políticos, y se invitó a los actores políticos a suscribirlo y aplicarlo durante las elecciones de 2026.

Otras propuestas de la entidad, consignadas en el informe, hablan de la necesidad de avanzar hacia una revisión normativa que atienda las asimetrías de diseño del Estatuto, entre los poderes nacionales y las asambleas y concejos. 

Además de integrar el enfoque de género de manera transversal en la implementación y seguimiento del Estatuto, se deben fortalecer los mecanismos de respuesta a las solicitudes de información de los órganos de control y avanzar de manera urgente y con un cronograma definido en la implementación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP).

Lea y descargue el informe completo aquí