•    Los informes advierten rezagos en indemnización, reparación colectiva, vivienda y generación de ingresos, así como un recrudecimiento de las emergencias humanitarias en los territorios.
•    El seguimiento a los Decretos Ley Étnicos evidencia afectaciones desproporcionadas sobre los pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y Rrom víctimas del conflicto armado.

Bogotá, 21 de agosto de 2026 (@DefensoriaCol). La Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación presentaron al Congreso de la República los informes de las comisiones de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) y a los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011, que evalúan avances y rezagos en la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado.

El Décimo Tercer Informe de Seguimiento a la Ley de Víctimas hace un balance de los 15 años de implementación de la Ley 1448 de 2011 y formula recomendaciones al Gobierno nacional para fortalecer la garantía de los derechos de más de 10 millones de víctimas.

El informe reconoce avances en la política pública de víctimas, que ha ejecutado 265,2 billones de pesos, pero identifica dificultades en la suficiencia de los recursos, la oportunidad de su ejecución y la medición de resultados.

También advierte un recrudecimiento de las emergencias humanitarias. En 2025, 83.874 personas fueron afectadas por desplazamientos masivos, un 68 % más que en 2024. Con corte al 31 de marzo del 2026, permanecían activas 130 Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo con riesgos en 421 municipios y 15 áreas no municipalizadas.

Persisten, además, profundas brechas sociales: el 41,2 % de las víctimas se encuentra en pobreza monetaria, el 17,4 % en pobreza extrema y más de 5,1 millones no han superado sus dificultades para generar ingresos.

La indemnización administrativa continúa entre los principales rezagos. Desde 2011 se han entregado cerca de 1,95 millones de indemnizaciones, equivalentes al 24,7 % de las víctimas susceptibles de recibir esta medida. Al ritmo actual, atender a quienes siguen pendientes tomaría 31,5 años. En reparación colectiva, apenas el 5 % de los 1.292 sujetos que se encuentran en ruta había culminado su Plan Integral de Reparación Colectiva, con corte a marzo del 2026.

El informe también identifica brechas en el acceso de las mujeres y de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas (OSIGDH) a distintas medidas de reparación.

Adicional a ello, el 46 % de los municipios del país presenta necesidad alta o muy alta de fortalecimiento institucional para implementar adecuadamente la política de víctimas.

A 15 años de la Ley 1448 de 2011, Colombia registra avances normativos e institucionales importantes en atención, asistencia y reparación a las víctimas. Sin embargo, los rezagos en indemnización, reparación colectiva, vivienda, generación de ingresos y fortalecimiento territorial continúan limitando el goce efectivo de sus derechos. 

La implementación de la Ley 2421 de 2024 y el fortalecimiento de la coordinación institucional serán determinantes para superar los desafíos históricos de la política pública de víctimas y responder a las nuevas dinámicas del conflicto armado.

Afectaciones desproporcionadas a los pueblos étnicos

El XIV informe de seguimiento a los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 evidencia que la violencia y el control territorial ejercido por grupos armados ilegales continúan afectando la movilidad, los retornos, los derechos territoriales y el acceso a medidas de reparación de los pueblos étnicos.

La Defensoría del Pueblo evidenció una victimización desproporcionada: el 36,5 % de la población indígena del país está inscrita en el Registro Único de Víctimas, frente a un promedio nacional del 19 %. Entre los pueblos negros, afrocolombianos, palenqueros y raizales, la proporción alcanza el 37 %.

De las 643 emergencias masivas reportadas por la Unidad para las Víctimas entre 2023 y 2025, el 45 %, correspondiente a 291 eventos, afectó a población indígena y afrocolombiana. Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander, Putumayo y Guaviare concentran las mayores afectaciones.

De los 552 homicidios de líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos registrados durante el periodo analizado, 97 correspondieron a integrantes de pueblos étnicos, con advertencia de un posible subregistro.

También persisten rezagos en la reparación colectiva. De los 249 Planes Integrales de Reparación Colectiva indígenas que debían protocolizarse entre 2022 y 2026, a 2025 solamente en 97 había sido posible y apenas dos de los 31 que debían implementarse registraban avances. En comunidades afrocolombianas, la implementación efectiva registra un avance del 0 % y, en los procesos de retorno de pueblos indígenas, el 88 % de las acciones acordadas continúa sin ejecutarse.

La Defensoría del Pueblo insiste en la necesidad de avanzar en la implementación efectiva de estas medidas y en la garantía de los derechos de las víctimas, especialmente de los pueblos étnicos y de quienes habitan los territorios más afectados por el conflicto armado.