Cúcuta, Norte de Santander, 6 de junio de 2026 (@DefensoriaCol). Nos indigna y duele profundamente el asesinato del periodista Cristian Herrera. Expresamos nuestra solidaridad con su familia, sus seres queridos, sus colegas y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), organización de la cual era corresponsal en Norte de Santander e integrante de su Junta Directiva.

Cristian dedicó su trabajo a informar sobre temas relacionados con impunidad, crimen organizado, corrupción y la situación del Catatumbo. Su labor permitió visibilizar realidades, denunciar a los responsables de entramados de violencia y corrupción y garantizar el derecho ciudadano a estar informado.

La vida de Cristian se puso en riesgo y le terminó costando la vida debido a su oficio. Esto, a pesar de que contaba con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que no lograron evitar su asesinato.

No vamos a permitir que este hecho quede en la impunidad.

Su asesinato se suma al del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido el mes pasado en Briceño, Antioquia. En menos de un mes, el país ha perdido dos voces del periodismo regional en contextos marcados por la violencia y la presencia de grupos armados ilegales.

Estos hechos evidencian las graves condiciones de riesgo en las que ejercen su labor las y los periodistas en distintas regiones del país, especialmente quienes cubren conflicto armado, 
economías ilícitas y crimen organizado. Informar sobre estas realidades cumple una función esencial para la democracia y para las comunidades.

Frente a estos hechos, solicitamos con urgencia, a la Fiscalía General de la Nación avanzar con celeridad en la investigación, identificar y judicializar a los responsables y establecer los móviles del hecho. La investigación debe priorizar el análisis de los temas que cubría, los riesgos que enfrentaba y el contexto de violencia en Norte de Santander y el Catatumbo.

El asesinato de un periodista constituye una de las formas más graves de censura. Genera miedo, propicia la autocensura y afecta el derecho de las comunidades a recibir información sobre lo que ocurre en sus territorios. La democracia se debilita cuando informar pone en riesgo la vida.

Mantendremos el seguimiento a las actuaciones de las autoridades y reiteramos que el Estado tiene la obligación de garantizar que ninguna persona sea amenazada, agredida o asesinada por ejercer el periodismo.