El boletín de movilidad humana de la Defensoría del Pueblo registró cinco eventos de desplazamiento y tres de confinamiento durante abril, lo que afectó a 3.214 personas en diversas regiones del país. En total, entre enero y abril, más de 54 mil personas fueron impactadas, y persisten afectaciones sobre comunidades indígenas y afrodescendientes.

Entre enero y abril de 2026 se documentaron 46 eventos de desplazamiento forzado que afectaron a 8.249 personas, así como 31 eventos de confinamiento que restringieron la movilidad de 45.869 personas. En abril, los departamentos más afectados por el desplazamiento fueron Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander y Valle del Cauca. En cuanto al confinamiento, Chocó y Putumayo resultaron los más afectados.

El informe advierte que las comunidades étnicas siguen sufriendo vulneraciones a los derechos humanos debido al conflicto armado interno, la lucha por el control territorial y las economías ilegales. Entre enero y abril, los desplazamientos afectaron a 13 comunidades afrodescendientes y 11 indígenas. También hubo confinamientos en territorios de 22 comunidades étnicas, de las cuales 16 son indígenas y 6 afrodescendientes.

Las amenazas, los homicidios, el reclutamiento de niños y adolescentes, y la presencia de minas antipersonales y artefactos explosivos, siguen siendo las principales causas de desplazamiento y confinamiento. A esto se suman los efectos de la crisis climática, especialmente en zonas del Pacífico nariñense afectadas por la erosión costera y en regiones golpeadas por emergencias asociadas a las lluvias.

En este periodo, la Defensoría del Pueblo hizo seguimiento a 23 eventos de movilidad humana asociados a factores ambientales. Solo en abril, una creciente del río Ocaña, Norte de Santander, provocó desplazamientos y dejó varias veredas incomunicadas. Además, la entidad alertó sobre el riesgo de desplazamiento para 25.541 personas en Antioquia y reportó el desplazamiento de al menos 350 familias por erosión costera en el litoral Pacífico nariñense.

La entidad ha advertido que persisten escenarios de riesgo humanitario en diferentes regiones del país y ha instado a las autoridades nacionales y territoriales a adoptar medidas para prevenir, proteger y atender a las comunidades afectadas, especialmente en contextos de confinamiento, desplazamiento forzado y emergencia climática.

Las comunidades indígenas y afrodescendientes siguen sufriendo impactos desproporcionados debido al conflicto armado y los factores ambientales, lo que afecta sus derechos fundamentales, su permanencia en el territorio, sus prácticas culturales y sus formas de vida. Por ello, la Defensoría del Pueblo ha reiterado la necesidad de implementar medidas de protección colectiva, garantizar respuestas humanitarias oportunas y avanzar en soluciones dignas y concertadas con las comunidades afectadas.

Lea aquí: El boletín de movilidad humana de la Defensoría del Pueblo