Bogotá, 7 de agosto de 2026 (@DefensoriaCol). Saludamos la expedición de los decretos mediante los cuales el Gobierno saliente fortalece distintos instrumentos orientados a garantizar los derechos humanos en Colombia. Estas medidas representan avances en las garantías para las personas defensoras de derechos humanos, la implementación del Acuerdo de Escazú y la consolidación de una política pública integral para la atención, prevención, búsqueda e identificación de personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado.
Garantías para quienes defienden derechos

Los decretos 0980 y 1028 de 2026 sientan las bases de una política pública para garantizar la labor de las personas que defienden derechos humanos en Colombia, con especial atención a las mujeres, y promover el derecho a defender los derechos humanos, consagrado por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-546 de 2023. En ese marco, el Decreto 1028 adopta la Política Pública Integral de Garantías para el Liderazgo y la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, recoge buena parte de los desarrollos construidos en el marco del Proceso Nacional de Garantías y reconoce la necesidad de superar un enfoque reactivo de la protección.

Como Secretaría Técnica de la Mesa Nacional de Garantías y de las Mesas Territoriales de Garantías, resaltamos que esta política es el resultado de un proceso de diálogo construido durante varios años entre organizaciones defensoras de derechos humanos, entidades del Estado y comunidad internacional. En consecuencia, consideramos fundamental preservar y fortalecer estos espacios de interlocución, concertación y seguimiento, cuya legitimidad ha sido reconocida por las organizaciones sociales y reafirmada por la Corte Constitucional como escenarios indispensables para garantizar el derecho a defender los derechos humanos.

Nuestras Alertas Tempranas 019 de 2023 y 013 de 2025, así como el Informe de Seguimiento 003 de 2026, evidencian la persistencia de escenarios de riesgo y la materialización de hechos de violencia asociados con la expansión y disputa de grupos armados ilegales y del crimen organizado, la gobernanza
 
armada ilegal en algunos territorios, la estigmatización, las afectaciones derivadas de procesos electorales y las debilidades en la respuesta institucional frente a la labor de las personas que defienden los derechos humanos. Estos riesgos hacen indispensable que la implementación de los decretos 0980, 1028, 0968 y 1029 se articule con el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (Decreto 0585 de 2026), de manera que estos instrumentos operen de forma complementaria y fortalezcan la respuesta del Estado.

Hoja de ruta del Acuerdo se Esacazú

El Decreto 0968 del 4 de agosto de 2026 crea la Comisión Intersectorial para la Implementación del Acuerdo de Escazú (CIEscazú) y presenta la hoja de ruta para su implementación, compuesta por 18 acciones concretas, con responsables, plazos y mecanismos de seguimiento. Este desarrollo constituye un avance significativo en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado colombiano tras la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, instrumento que incorpora obligaciones específicas para la protección de las personas defensoras del ambiente.

La hoja de ruta, construida mediante un proceso de diálogo entre el Ministerio de Ambiente y diversos actores del sector, contempla acciones para fortalecer la coordinación interinstitucional, garantizar el acceso a la información pública ambiental y adoptar medidas de protección para quienes ejercen la defensa del ambiente en los territorios.
Búsqueda de personas desaparecidas

Por su parte, el Decreto 1029 del 5 de agosto de 2026 adopta la Política Pública Integral para la atención, prevención, búsqueda e identificación de personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado, incluidas las víctimas de desaparición forzada. Resaltamos que, pese al amplio desarrollo normativo existente, esta constituye la primera política pública integral en la materia construida colectivamente en el país durante más de un año, en el marco del Sistema Nacional de Búsqueda, con la participación de más de diez entidades del Estado, entre ellas la
 
Defensoría del Pueblo, así como de organizaciones de la sociedad civil en distintos territorios y de la Comisión Asesora del Sistema.

La desaparición de personas constituye una grave vulneración de los derechos humanos. Ha dejado aproximadamente 137.000 personas desaparecidas en el país y continúa presentándose en distintos contextos, incluidos los conflictos armados internos actuales. Entre el 1 de diciembre de 2016, cuando entró en vigor el Acuerdo de Paz, y el 31 de julio de 2025, el Comité Internacional de la Cruz Roja documentó 2.144 casos de desaparición. Sus efectos se prolongan mientras no se esclarezca la suerte o el paradero de la persona desaparecida o no se localicen, identifiquen y entreguen dignamente sus restos.

Con esta política se avanza en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado relacionadas con la prevención de la desaparición, la búsqueda efectiva, el esclarecimiento de la verdad, el acceso a la justicia, la reparación integral y la protección de los derechos de las víctimas, sus familias y las personas buscadoras, con especial atención a los riesgos diferenciados y a las barreras que enfrentan las mujeres buscadoras.

La política incorpora, además, un diagnóstico de obstáculos como la fragmentación institucional, las demoras en la respuesta estatal y las limitaciones en el acceso y la interoperabilidad de la información, junto con medidas orientadas a superarlos.
La expedición de estos decretos representa un avance en el fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a la protección y garantía de los derechos humanos y de la naturaleza. Su verdadero impacto dependerá ahora de la capacidad del Estado para implementar de manera efectiva las medidas previstas en estos decretos y asegurar su aplicación en los territorios.

En ese propósito, es prioritario que el nuevo Gobierno fortalezca la articulación entre las entidades responsables, impulse el cumplimiento de las recomendaciones de las Alertas Tempranas y preserve la Mesa Nacional y las Mesas Territoriales de Garantías como escenarios de diálogo y concertación con las personas defensoras de derechos humanos.