• Las y los habitantes de los municipios de Luruaco, Repelón, Sabanalarga, Baranoa y Polonuevo corren peligro por la disputa entre el autodenominado EGC y grupos del crimen organizado.
• En esa zona del departamento, la ciudadanía es víctima de extorsiones, homicidios, de los efectos que deja el microtráfico, entre otros delitos.
• En consecuencia, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 019 de 2026 para que sean implementadas medidas que protejan la vida e integridad de las comunidades de las cinco poblaciones.

Bogotá, 30 de agosto de 2026 (@DefensoriaCol). La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana (AT) 019 de 2026 para los municipios de Luruaco, Repelón, Sabanalarga, Baranoa y Polonuevo, en la subregión Centro del departamento del Atlántico, por la convergencia de estructuras armadas de carácter nacional, regional y local que disputan el control de un corredor estratégico.

El escenario de riesgo se debe principalmente a la disputa y coexistencia violenta entre el autodenominado EGC, grupos de crimen organizado regional como ‘Los Costeños’ (Bloque Resistencia Caribe) y ‘Los Pepes’, así como a la incidencia de ‘Los Rastrojos Costeños’ y bandas delincuenciales tercerizadas. 

Esa subregión, punto clave para las rentas ilícitas provenientes de la extorsión sistemática, el microtráfico y el hurto de ganado, conecta el Área Metropolitana de Barranquilla con el canal del Dique y los departamentos de Bolívar y Magdalena, lo que facilita la movilidad logística de los grupos armados y las bandas delincuenciales.

Homicidios, en aumento

La Defensoría alerta sobre la materialización de graves consecuencias humanitarias en el territorio, pues la tasa de homicidios aumentó de forma significativa en Sabanalarga, pues, por cada 100.000 habitantes, pasó de 9,23 asesinatos en 2023 a 31,55 en 2025; es decir, casi se cuadruplicaron.

Para el caso de Baranoa, cuya tasa de 2,16 en 2023 pasó a 24,88 en 2025, representa un incremento de más de 11 veces, en donde resulta relevante la ocurrencia de hechos violentos en zonas rurales, como en la trocha La Tomatera (vía Baranoa–Polonuevo), y en la vía hacia el corregimiento Sibarco.

Los homicidios contra mujeres en toda la subregión Centro del departamento se quintuplicaron entre 2023 y 2024, al pasar de 1 a 6 casos. Esto revela un patrón de riesgo específico y diferenciado.

Asimismo, la ruptura de una tregua entre ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ a comienzos de este año reactivó las confrontaciones directas y retaliaciones armadas en sectores urbanos y rurales.

Gobernanza armada

Los grupos armados ilegales están ejerciendo una fuerte gobernanza armada ilegal sobre la población civil. Esto se manifiesta mediante la imposición de "fronteras invisibles", restricciones a la movilidad y la distribución de panfletos amenazantes que anuncian procesos de "exterminio social" contra personas estigmatizadas y migrantes. 

En zonas rurales se han reportado patrullajes de hombres armados y la exigencia de contribuciones forzadas de dinero y suministros bajo amenaza de asesinato.

Grupos poblacionales en peligro

El riesgo es desproporcionado para la infancia, adolescencia y juventud, que son víctimas de reclutamiento, uso y utilización ilícita a partir de los 12 años para labores de vigilancia, mensajería criminal y explotación sexual. 

Los grupos armados utilizan estrategias de "seducción material", como la entrega de regalos y mercados, para captarlos ante la falta de oportunidades educativas y laborales. 

Las mujeres y la población con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas (OSIGNH) también enfrentan violencias basadas en género y prejuicio. Han sido utilizadas como ejemplos de castigo ejemplarizante y dominio territorial.

Adicionalmente, se han identificado graves presiones contra liderazgos sociales, personas defensoras de derechos humanos, reclamantes de tierras y comunidades étnicas. 

Integrantes de la Ruta del Cimarronaje (colectivo que agrupa a más de 200 organizaciones sociales, étnicas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras para defender sus derechos y construir memoria histórica) y de consejos comunitarios afro han sido objeto de hostigamientos y amenazas. El motivo, silenciar sus testimonios en procesos de verdad y reparación ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En Luruaco y Repelón, donde la población afrodescendiente supera el 70 %, la violencia amenaza la autonomía y pervivencia cultural de sus habitantes.

Urgen medidas institucionales

Ante este panorama de riesgo, la Defensoría del Pueblo formuló 31 recomendaciones en su AT 019 de 2026 a autoridades nacionales y territoriales, como los ministerios del Interior y de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad para las Víctimas, además de otras, para que la vida e integridad de las y los habitantes de los cinco municipios atlanticenses sean salvaguardadas.

La entidad las insta a activar con urgencia la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), a fin de que pongan en marcha medidas de protección efectiva, disuasión de la amenaza y acceso a la justicia con enfoques diferenciales de género, étnico y territorial.

Las Alertas Tempranas de la entidad son preventivas, no predictivas, y su propósito es proteger la vida, libertad e integridad de las comunidades.
 

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