• Debido a que el escenario de peligro para la población civil se configura por la intensificación de las disputas entre el ELN y disidencias de las extintas Farc, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 017 de 2025.
• Urge poner en marcha acciones que contribuyan a la desarticulación de los grupos que delinquen en la zona, implementar planes de protección colectiva para pueblos indígenas y lideresas y líderes sociales, y destinar recursos para el desminado humanitario en lugares priorizados.

Bogotá, 10 de noviembre de 2025 (@DefensoriaCol). El riesgo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) identificados por la Defensoría del Pueblo en la cabecera municipal de Tibú, Norte de Santander, así como en su zona rural, derivó en la emisión de la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 017 de 2025.

La ATI de la entidad es, en específico, para los corregimientos Reyes de Campo Dos, Pachelli y La Gabarra, también para sus veredas Versalles, 20 de Julio, Oru 7, Campo Seis, Miramontes, El Retiro, El Líbano, Bertrania, Nazareth, La Angalia, Guachimán, Caño Victoria, Campo Tres, Campo Yuca, Socuavo, Caño Indio, Chiquinquirá, Km 19, Km 25, Km 28, Palo Quemado y Llano Grande.

El escenario de peligro se configura por dos factores, principalmente. El primero obedece a la intensificación de la confrontación armada entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y dos grupos disidentes de las extintas Farc, como el ‘Frente 33 Mariscal Antonio José de Sucre’ y el ‘Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte’.

La disputa territorial, activa desde el 16 de enero del 2025, se sustenta en la coexistencia de economías legales e ilegales, que incluyen una alta concentración de cultivos de uso ilícito. Esto convierte a Tibú, por su extenso límite fronterizo con Venezuela, en un corredor estratégico de importante valor para los actores armados al margen de la ley. El segundo factor obedece a la consolidación del control territorial y social ejercido por el ELN.

Repertorios de violencia

Los hechos de violencia incluyen homicidios, amenazas, secuestros, desplazamientos forzados, confinamientos y restricciones a la movilidad. En el casco urbano de Tibú, se ha evidenciado un escenario de doble autoridad armada ilegal, donde barrios están regulados por el Frente 33 o por el ELN. Son impuestos horarios, restricciones de circulación y sanciones extralegales.

En corredores viales han sido reportados retenes ilegales con requisas e inspección de celulares. Además, ha podido ser constatada la presencia y uso de minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (Muse) y artefactos explosivos improvisados (AEI), cuya modalidad incluye ataques de drones con explosivos.

Grupos poblacionales afectados

La violencia, que tiene perjudicada a la población civil, afecta de manera diferenciada a grupos en especial condición de riesgo. Las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes son víctimas de reclutamiento, uso y utilización por los grupos armados en confrontación, siendo Tibú el municipio de Norte de Santander con el mayor número de casos registrados (35 con corte a julio de este año, con subregistro).

La presencia de artefactos explosivos cerca de escuelas rurales ha obligado a la suspensión de clases presenciales desde enero pasado en zonas como 20 de Julio y Campo Seis. Las violencias basadas en género son usadas como mecanismo de control, con reportes de abuso sexual de niñas menores de 14 años, “pareja forzada” y trata de personas y explotación sexual de mujeres migrantes venezolanas en las zonas urbana y rural.

El pueblo indígena Barí (resguardos Catalaura y Motilón Barí) y la comunidad binacional Yukpa enfrentan la imposición de normas externas y la restricción de movilidad a sus sitios tradicionales. Otros grupos afectados son lideresas y líderes sociales, dignatarios de juntas de acción comunal, a quienes se les amenaza y estigmatiza con el término “paraelenos”, y población migrante venezolana, que suma aproximadamente 22.050 personas.

Llamado a la acción

La crisis humanitaria muestra signos de escalamiento y expansión territorial. De no implementarse acciones preventivas oportunas, se prevé la persistencia del conflicto, la posible extensión de la violencia hacia municipios vecinos de la subregión Catatumbo, como El Tarra, San Calixto, Sardinata y Teorama, además de territorios que comparten límites y corredores de movilidad. También podrían reaparecer otros actores armados en la zona.

En consecuencia, la Defensoría insta al Ministerio del Interior, como Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), a articular de manera urgente las 20 recomendaciones formuladas en la ATI. Es imperativo que las entidades del orden nacional y territorial implementen medidas integrales efectivas que disuadan, mitiguen y alejen el riesgo, con enfoque diferencial.

Lo formulado incluye la necesidad urgente de ejecutar acciones que contribuyan a la desarticulación de los grupos armados ilegales que generan riesgos, implementar planes de protección colectiva para pueblos indígenas y lideresas y líderes sociales, como también destinar recursos para el desminado humanitario en zonas priorizadas, particularmente en aquellas que rodean escuelas y caminos veredales.

El Estado debe garantizar una presencia institucional efectiva, planes de acción con financiación suficiente y una respuesta rápida y coordinada en materia de prevención y protección integral de la población civil en Tibú.


 

• ALERTA TEMPRANA N° 017-2025 - DE INMINENCIA

• Resumen de Alerta Temprana de Inminencia para Tibú, en el departamento de Norte de Santander