La Defensoría del Pueblo continúa acompañando a las comunidades afectadas por el sismo del 10 de agosto y haciendo seguimiento a la respuesta institucional en los territorios, con presencia en albergues, comunidades rurales y étnicas, puntos de atención, Puestos de Mando Unificado (PMU) y zonas que presentan mayores afectaciones.

Con corte al 16 de agosto, el seguimiento a las afectaciones sobre pueblos étnicos registra 77 reportes. Solo en la más reciente actualización se identificaron 17 nuevos registros en 12 municipios de Chocó y Quindío, relacionados principalmente con daños en viviendas e infraestructura comunitaria y necesidades de alojamiento, alimentación, agua potable, atención humanitaria y en salud, apoyo psicosocial, evaluación técnica y reparación o reconstrucción de viviendas.

Los nuevos reportes muestran, además, que en varios territorios las consecuencias del sismo se superponen a condiciones previas de desplazamiento, aislamiento, falta de servicios básicos, riesgo por inundaciones o procesos pendientes de reasentamiento, lo que exige una respuesta con enfoque étnico y territorial que tenga en cuenta las condiciones particulares de cada comunidad.

Chocó: aislamiento y vulnerabilidades previas agravan las afectaciones

En Chocó, los nuevos reportes corresponden a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes de nueve municipios. En varios de estos territorios, las afectaciones se agravan por el aislamiento, la falta de servicios básicos y otras vulnerabilidades preexistentes.

En Tadó, el Consejo Comunitario de Bochoromá reporta daños en viviendas. Las familias afectadas requieren alimentos, agua potable, frazadas, kits de aseo, colchonetas, recuperación de viviendas, restablecimiento de la energía eléctrica y alternativas de alojamiento seguro.

En Quibdó, se reportan afectaciones en el Resguardo El Veinte, Playa Alta y El Noventa, del pueblo Emberá Chamí, así como en las comunidades Wounaan de La Paz, Phoudour y Villanueva.

En El Veinte, Playa Alta y El Noventa se registran daños en viviendas y espacios comunitarios, además de temor y afectaciones emocionales entre niñas, niños, personas mayores y familias. En La Paz, Phoudour y Villanueva también se reportan viviendas afectadas, en un contexto particular de población desplazada asentada en la periferia urbana. Entre las necesidades identificadas están la reconstrucción de viviendas de madera, alimentación, kits de cocina y apoyo psicosocial, especialmente para niñas, niños, adolescentes y mujeres.

En Río Iró, el Consejo Comunitario Local de Santa Bárbara y las comunidades del corregimiento de Santa Bárbara y de las veredas Papagayo y Dawe reportan daños en viviendas y en infraestructura educativa, incluido el comedor escolar, así como reportes sobre la caída de la escuela y daños generales en la infraestructura. Allí se requieren alimentos, elementos de aseo y apoyo económico para la atención y recuperación de las familias.

En Medio Baudó, el Consejo Comunitario Local de Curundó La Banca registra daños en viviendas, pérdida de bienes y afectaciones emocionales y psicológicas. Entre las necesidades señaladas están alojamiento temporal, agua, alimentos, atención humanitaria, insumos médicos y otros elementos de primera necesidad.

En Medio San Juan, la comunidad de Boca de Suruco permanece reportada como incomunicada y aislada, pese a que ya se realizó una visita institucional, un levantamiento censal y se registró una ayuda independiente de alimentos. La comunidad requiere albergues temporales, reconstrucción de viviendas, evaluación de suelos y atención psicosocial.

En Litoral del San Juan, el Resguardo Indígena San Antonio de Togoromá, del pueblo Wounaan, ha recibido alimentos, mientras se mantienen requerimientos de medicamentos y alimentación.

En Atrato, la comunidad negra de La Molana registra afectaciones en viviendas. Aunque el consolidado municipal informa cientos de viviendas averiadas, no existe una desagregación que permita establecer la magnitud específica de los daños en esta comunidad. Las necesidades reportadas se concentran en materiales de construcción, herramientas, alimentos y otros elementos humanitarios.

En El Carmen del Darién, la comunidad Palmadó o Nuevo Horizonte-Palmadó, perteneciente al Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Curvaradó, reporta daños en infraestructura, ausencia de visita institucional y falta de electricidad. Allí se señala la necesidad urgente de atención médica y psicológica, atención a personas mayores con graves problemas de salud, alimentación y agua potable.

En Boraudo, Lloró, el Consejo Comunitario Integral de Lloró reporta viviendas afectadas y destruidas en un territorio expuesto a inundaciones y con un proceso de reasentamiento aún inconcluso. La comunidad manifiesta no haber recibido ayuda institucional y plantea como necesidad estructural la reubicación del corregimiento.

Quindío: afectaciones en resguardos del pueblo Emberá Chamí.

En Quindío, los nuevos registros corresponden a resguardos del pueblo Emberá Chamí ubicados en Pijao, Buenavista y Calarcá.

En Pijao, los resguardos Ibanacuara o Ibanakuara y Tatadrúa presentan daños en viviendas. Las necesidades se concentran en la evaluación técnica de las edificaciones, materiales y recursos para su reparación o reconstrucción, alojamiento temporal cuando sea necesario y atención humanitaria.

En Ibanacuara también se reportan necesidades de alimentación, agua potable, elementos de aseo, salud y atención psicosocial. Tatadrúa, además, fue habilitado como punto de recepción de ayudas destinadas a seis resguardos indígenas del departamento.

El Resguardo Dachi Nabe Drua, ubicado entre Pijao y Buenavista, registra igualmente daños en viviendas y requiere evaluación técnica, reparación o reconstrucción, alojamiento temporal y atención humanitaria.

En Calarcá, los resguardos Daidrua, en la vereda Potosí, y Dachi Agore Drua o Dachi Ankore Drua presentan afectaciones similares, con necesidades de valoración técnica de las viviendas, materiales y recursos para su recuperación, alojamiento temporal cuando proceda y asistencia humanitaria.

Una respuesta que tenga en cuenta las condiciones de cada territorio

El seguimiento realizado evidencia que las afectaciones del sismo sobre los pueblos étnicos no se limitan al daño físico de las viviendas. También comprometen espacios educativos y comunitarios, servicios públicos, condiciones de movilidad y comunicación, bienes familiares y el bienestar emocional de las comunidades.

La Defensoría del Pueblo reitera la importancia de que la respuesta institucional combine la atención humanitaria inmediata con evaluaciones técnicas, acompañamiento psicosocial y medidas orientadas a recuperar condiciones seguras y dignas de habitabilidad, teniendo en cuenta las particularidades de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes y las vulnerabilidades que ya enfrentaban antes del sismo.