Bogotá, 12 de abril de 2026 (@DefensoriaCol). En días recientes ha circulado una imagen que constituye una amenaza de muerte contra la candidata presidencial Paloma Valencia. Asimismo, una sede de la campaña fue vandalizada en Bucaramanga. Al respecto, rechazamos estos hechos y expresamos nuestra preocupación por la vida, la integridad y las garantías democráticas.

Reiteramos que en un Estado Social de Derecho ninguna persona puede ser objeto de amenazas o intimidaciones por el ejercicio de su participación política. La protección de quienes intervienen en el debate público es una condición esencial para la vigencia de los derechos civiles y políticos y para la legitimidad del proceso electoral. Por eso insistimos en:

• Justicia. Estos hechos, cuya intencionalidad debe ser plenamente establecida, exigen una respuesta institucional oportuna. Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación avanzar con celeridad en el esclarecimiento de lo ocurrido, identificar a los responsables y determinar los riesgos contra la vida e integridad de la candidata.
• Protección reforzada a las mujeres que participan en política. Existe, además, un deber reforzado del Estado para promover la participación de las mujeres en la política y prevenir los hechos de violencia en este contexto, en el marco de la Ley 2453: esta campaña solo tiene un 23% de mujeres participando y estos hechos afectan la apertura democrática para ellas.
• Rechazo de estos hechos por todos los sectores políticos e institucionales. El “Compromiso por un proceso electoral libre y en paz” incluye que todas las personas, organizaciones políticas y actores sociales contribuyan a un debate público respetuoso, libre de violencia, estigmatización y discursos que pongan en riesgo la vida o la integridad de quienes participan en la contienda electoral. Saludamos el rechazo que se ha proferido por las campañas que lo han hecho e invitamos a todos los candidatos y candidatas a que rechacen estos hechos y adopten protocolos para prevenir la difusión de este tipo de contenidos desde sus campañas políticas.
• Garantías electorales. Hacemos un llamado para que, desde el Ministerio del Interior, se tomen estos casos como prioritarios ante la Comisión Nacional de Seguimiento a los Procesos Electorales y en los comités encargados de las recomendaciones de protección y seguridad para las candidaturas.
• Responsabilidad de las plataformas sociales. Reiteramos la necesidad de que las plataformas digitales y redes sociales actúen con debida diligencia frente a la circulación de contenidos que puedan constituir amenazas o incitación a la violencia, adoptando medidas oportunas de moderación, retiro y prevención, especialmente en el actual contexto electoral. La garantía de entornos digitales seguros también forma parte de la protección de la democracia.

La democracia se fortalece cuando las diferencias se tramitan mediante la palabra y las ideas, y cuando existen garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos en condiciones de seguridad y respeto.

Continuaremos haciendo seguimiento a esta situación, en cumplimiento de nuestro mandato constitucional de promoción, protección y defensa de los derechos humanos.