Bogotá, 6 de agosto de 2026 (@DefensoriaCol). En las últimas semanas han circulado en redes sociales y plataformas digitales mensajes intimidatorios y contenidos que promueven represalias y hechos de violencia contra el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, servidores y servidoras de la Registraduría y sus instalaciones, difundidos desde cuentas anónimas.

Estos hechos se presentan en medio de la difusión reiterada de mensajes que buscan desacreditar al Registrador Nacional y a la organización electoral mediante acusaciones de fraude formuladas al margen de las instancias previstas para tramitar denuncias e inconformidades. Además de afectar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, estos mensajes ponen en riesgo a quienes ejercen funciones electorales.

Rechazamos estos actos de amenaza y hostigamiento contra quienes integran la organización electoral y expresamos nuestra solidaridad con quienes cumplen funciones esenciales para garantizar el ejercicio de los derechos políticos.

Recordamos que las observaciones y los cuestionamientos sobre los procesos y resultados electorales son legítimos en una democracia, pero deben tramitarse de manera pacífica y mediante los mecanismos institucionales previstos para ello. La Registraduría Nacional del Estado Civil cumple funciones esenciales para garantizar los derechos políticos, a través de procedimientos sujetos a controles, verificaciones, auditorías y observación, por lo que la protección de quienes ejercen estas funciones es indispensable para el desarrollo libre del proceso electoral y el fortalecimiento de una democracia pluralista.

También nos preocupa la escalada de las violencias en los entornos digitales, pues genera riesgos para la vida, la integridad y la participación democrática; limita la posibilidad de conversar entre personas con posiciones distintas y deteriora la calidad del debate público. Es urgente prevenir la normalización de estas conductas y evitar que escalen hacia formas más graves de violencia.

Por estas razones, solicitamos:
 
•    A la Fiscalía General de la Nación adelantar las actuaciones que correspondan frente a las amenazas y expresiones que, por no estar amparadas por la libertad de expresión, puedan constituir delitos. En el marco de sus competencias, pedimos valorar la importancia de preservar la evidencia digital, establecer el origen de los contenidos e identificar a los posibles responsables.

•    A la Unidad Nacional de Protección adelantar las acciones necesarias para evaluar o reevaluar el riesgo del Registrador Nacional y de quienes trabajan en la Registraduría, determinar su nivel actual y garantizar las medidas de protección que se requieran para preservar su seguridad.

•    A las plataformas digitales a actuar con diligencia frente a los contenidos que puedan constituir amenazas o incitación a la violencia y a realizar las labores de moderación y retiro de publicaciones necesarias para contribuir a que los espacios digitales estén libres de violencias.

•    A las instituciones y a los sectores sociales y políticos para que rechacen la violencia contra las autoridades electorales, promuevan espacios de diálogo para tramitar las controversias y asuman públicamente un compromiso con la no violencia. Las diferencias políticas y los interrogantes sobre el proceso y los resultados electorales deben plantearse mediante los canales previstos para ello.

Quienes ejercen funciones públicas o cuentan con amplia visibilidad tienen una responsabilidad reforzada de contribuir al desescalamiento de los discursos que puedan aumentar los riesgos para las personas o debilitar la confianza en las instituciones democráticas.

No debe haber cabida para la violencia en la política. Como sociedad, tenemos la responsabilidad compartida de construir un debate público democrático, plural, libre de riesgos para la vida y sin estigmatizaciones, que sea vigoroso en las ideas. La democracia se fortalece cuando existe espacio para la crítica legítima y se erosiona cuando las personas temen por su vida y su seguridad.

Mantendremos nuestras labores de seguimiento, en cumplimiento de nuestro mandato constitucional de promoción, protección y defensa de los derechos humanos.