• Esta Comisión trabajará por honrar los mandatos de la Comunidad, con los y las expertas independientes que los y las mismas habitantes eligieron para recordar permanentemente los principios que, desde el año 97, decidieron adoptar.
• “Ese camino, a partir de hoy, lo recorreremos juntos y juntas con la Comisión que se instala para trabajar por la justicia de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó”, Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

 

Comunicado 11/ Apartadó (Antioquia), 1 de abril de 2025 (DefensoriaCol). Evaluar los procesos judiciales relacionados con los crímenes cometidos contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Antioquia), y sus integrantes, fue el eje central en el acto de instalación de la Comisión de Evaluación de Justicia, acto que encabezó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

La Comisión de Evaluación de Justicia fue establecida en diciembre de 2024 como parte del ‘Acuerdo de Solución Amistosa’, entre el Estado colombiano y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la cual ha sido objeto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario durante más de dos décadas.

“Nuestra Comisión ha recibido un listado de 54 hechos ocurridos entre 1997 y el 2007. Luego de identificar la información procesal, hemos iniciado una serie de actividades para poder evaluar estos casos y ofrecer recomendaciones que permitan impulsar la justicia debida históricamente a la Comunidad de Paz”, expresó la Defensora del Pueblo Iris Marín Ortiz, quien agregó que “la Defensoría del Pueblo sabe que este es un acto de confianza inédito y agradezco la confianza y la tomo con toda la responsabilidad que implica este gesto”.

Esta Comisión está integrada por los expertos independientes Liliana Uribe, Dora Lucy Arias, Jaime Araújo Rentería y Jaime Molano. Su creación responde al acuerdo alcanzado en diciembre de 2024 en el marco del caso 12.325 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un hito en la lucha contra la impunidad y la reparación de las víctimas.

Cabe resaltar que dicha  Comisión tiene como mandato revisar las investigaciones penales, procesos y decisiones judiciales en relación con las graves violaciones de derechos humanos, constitutivas de delitos, cometidas contra miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y personas vinculadas a ella.

“Este es un camino que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó ha recorrido en mucha soledad. Hoy nos podemos comprometer a caminar y a buscar justicia de su lado, sin que estén en soledad, buscando remover los obstáculos que históricamente han impedido el reconocimiento de los hechos, de los graves crímenes que han sufrido, de los daños irreparables que les han causado. Ese es el mandato de esta Comisión, ampliar cada día ese camino de justicia que ha sido estrecho o negado para ustedes. Ese camino, a partir de hoy, lo caminaremos juntos con la Comisión que se instala para trabajar por la justicia de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó”, subrayó la Defensora del Pueblo.

Desde su fundación la Comunidad de Paz de San José de Apartadó ha mantenido una posición de neutralidad frente al conflicto armado, negándose a colaborar con cualquier actor armado. Como consecuencia ha sido blanco de crímenes cometidos por grupos paramilitares, guerrilleros y agentes del Estado.

En cumplimiento de su misión, la Comisión de Evaluación de Justicia revisará 54 casos documentados por la Comunidad de Paz entre 1997 y 2007. Al finalizar su mandato de un año, presentará un informe público con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

 

La comunidad de Paz de San José de Apartadó

La subregión del Urabá Antioqueño ha sido históricamente afectada por el conflicto armado debido a su ubicación estratégica. En respuesta a la violencia, en 1997, un grupo de campesinos fundó la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, declarando su neutralidad frente a los actores armados y exigiendo su derecho a vivir en paz. A pesar de contar con medidas cautelares de la CIDH desde 1997 y medidas provisionales de la Corte IDH desde el 2000, la Comunidad de Paz ha seguido siendo víctima de masacres, desplazamientos forzados y amenazas.

En 2007, la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-1025, evidenció la falta de sanción a los crímenes cometidos contra la Comunidad y ordenó acciones para garantizar su acceso a la justicia y reparación integral. Sin embargo, el incumplimiento de estas órdenes llevó a la conformación de una Comisión de Evaluación de la Justicia en 2012, la cual no arrojó resultados concretos.

Finalmente, tras más de dos décadas de litigio, se alcanzó un acuerdo de solución amistosa entre la Comunidad y el Estado colombiano en diciembre de 2024, reconociendo la responsabilidad estatal y estableciendo medidas de reparación, incluida una nueva Comisión de Evaluación de la Justicia presidida por la Defensoría del Pueblo. En marzo pasado, la Fiscalía entregó 54 expedientes sobre los casos de violencia sufridos por la Comunidad de Paz.

 

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La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, lideró la instalación de la Comisión de Evaluación de Justicia, creada en diciembre de 2024 como parte del ‘Acuerdo de Solución Amistosa’ entre el Estado colombiano y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, víctima de violaciones… pic.twitter.com/I1DBkFapMH

— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) April 2, 2025