La Defensoría del Pueblo de Colombia participó en el Seminario Internacional Sistemas Penitenciarios y Prevención de la Tortura en América Latina, cumplido entre el 2 y el 3 de septiembre en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el cual sirvió como espacio de diálogo e intercambio regional sobre los principales desafíos de los sistemas penitenciarios y reafirmó la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

El evento representó un esfuerzo conjunto por consolidar la garantía de los derechos humanos y erradicar los malos tratos en los centros de privación de libertad de América Latina. Contó con la participación de delegaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura (MNPT) de Argentina, Perú, Chile, Costa Rica, Ecuador y el país anfitrión, Bolivia.

Durante las jornadas se abordaron temas prioritarios como la crisis penitenciaria, las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad, la situación de las poblaciones vulnerables y los retos para prevenir la tortura y combatir la impunidad. En este contexto, la Defensoría del Pueblo de Colombia integró el panel sobre crisis penitenciaria y condiciones de detención junto a representantes de los mecanismos de prevención de Argentina, Ecuador, Perú, Paraguay y Costa Rica.

Uno de los principales llamados del encuentro fue reconocer que, a pesar de los avances normativos e institucionales alcanzados en América Latina, persisten brechas significativas en la garantía efectiva de los derechos fundamentales. Entre las problemáticas recurrentes destacan el hacinamiento, el deterioro de las instalaciones, las deficiencias en los servicios de salud y alimentación, y los múltiples obstáculos para la rehabilitación y la reinserción social.

Las instituciones participantes reiteraron que las políticas penitenciarias deben ubicar la dignidad humana y la integridad personal en el centro de la actuación estatal. Asimismo, destacaron la urgencia de fortalecer respuestas diferenciadas frente a las situaciones que enfrentan mujeres, pueblos indígenas, personas migrantes, adolescentes, personas con discapacidad y personas con condiciones de salud mental, incorporando enfoques de género, generacionales, interculturales, interseccionales y de derechos humanos.

Como resultado del seminario, las delegaciones adoptaron la Declaración de Santa Cruz, un acuerdo regional que establece una agenda común orientada a consolidar la protección de las personas privadas de la libertad (PPL). En dicho documento, las instituciones expresaron su compromiso de:

•    Fortalecer el monitoreo preventivo: Incrementar la supervisión continua en los lugares de privación de la libertad.

•    Promover el intercambio regional: Compartir metodologías y buenas prácticas entre los países miembros.

•    Impulsar una agenda común: Avanzar progresivamente en la erradicación de la tortura en la región.

•    Garantizar la autonomía institucional: Reafirmar la importancia de dotar a los mecanismos nacionales de independencia, autonomía, capacidad técnica y recursos suficientes.

 

Situación actual en Colombia

Actualmente, Colombia no cuenta con un Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura en funcionamiento; sin embargo, el instrumento ya fue ratificado y se encuentra a la espera de su implementación formal. Mientras avanza este proceso, la Defensoría del Pueblo continuará ejerciendo la veeduría de los derechos humanos de la población privada de la libertad y en otros contextos de encierro, reafirmando los siguientes compromisos:

1.    Insistir en la adopción formal del mecanismo nacional.

2.    Fortalecer las labores de monitoreo para la prevención, detección y denuncia oportuna de casos de tortura.

3.    Garantizar la inclusión efectiva de grupos diferenciados en todos los modelos de atención y supervisión.

Para la Defensoría del Pueblo de Colombia, estos espacios de cooperación regional enriquecen el aprendizaje institucional y refuerzan sus capacidades de protección. Como lo señala la Declaración de Santa Cruz, una política penitenciaria garantista no puede limitarse a la custodia: debe asegurar dignidad, integridad, seguridad, rehabilitación y reinserción social.