Bogotá, 3 de julio de 2025 (@DefensoriaCol). La Defensoría del Pueblo, ceñida a su ejercicio de rendirle cuentas a la ciudadanía, presentó un balance de todo lo relacionado con su labor, a través de sus Direcciones, Delegada, Oficinas y sus 42 Regionales, en el territorio nacional durante el 2024.

El año anterior, la entidad emitió 27 Alertas Tempranas (AT) en 128 municipios, 18 áreas no municipalizadas y 21 departamentos (11 AT de carácter estructural y 16 de inminencia). Cauca (4 AT), Huila (3 AT), Meta (3 AT), Norte de Santander (3 AT), Valle del Cauca (3 AT), Caquetá (2 AT), Casanare (2 AT), Cesar (2 AT), Chocó (2 AT), Nariño (2 AT) y Vichada (2 AT) fueron advertidos de manera reiterativa, y Amazonas, Bolívar, Córdoba, Guainía, Guaviare, Putumayo, Quindío, Santander, Vaupés y Bogotá fueron alertados al menos una vez durante esa vigencia.

También emitió 25 Informes de Seguimiento (IS); 14 indicaron que los riesgos de vulneración de derechos se mantenían al momento de su emisión y 8 sugerían tendencia hacia el agravamiento de riesgos.

Atención a mujeres y población OSIEGNH

La estrategia de duplas de género atendió en todo el territorio colombiano un total de 11.558 casos de violencias basadas en género y por prejuicio contra mujeres y personas con orientación sexual e identidad y expresión de género no hegemónica (OSIEGNH).

La violencia psicológica fue el hecho que más afectó a mujeres y personas OSIEGNH, con una representación del 75.2 % de las atenciones y un total de 7.536 registros. Le sigue la violencia física, con 3.891 casos, lo cual configura el 33.6 %. La violencia económica (2.634 casos) y la violencia patrimonial (1672 casos) conforman el 22.7 % y el 14.4 %, respectivamente.

En materia de la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, la Defensoría destaca fallos de la Corte Constitucional, Sentencia C-317 de 2024 y Sentencia T-414 de 2024. Sin embargo, la entidad le solicitó a la institucionalidad gubernamental, con el liderazgo del Ministerio de Igualdad y Equidad, acelerar la implementación y evaluación de la efectividad de las acciones establecidas para atender la declaratoria de emergencia por violencia de género, entre otras recomendaciones.

Peticiones, quejas, asesorías, solicitudes y derecho a la salud

La Defensoría, en otros temas, recibió 138.434 peticiones: 35.562 asesorías, 41.149 quejas y 64.723 solicitudes. De estas, el 67,15 % corresponde a vulneraciones al derecho fundamental a la salud.

Las conductas más recurrentes fueron la falta de oportunidad en medicina especializada, la falta de oportunidad en servicios de medicina general, procedimientos, tratamientos, exámenes de laboratorio, órtesis, prótesis, insumos médicos y cirugías, así como la falta de oportunidad en la entrega de medicamentos, la interrupción de tratamientos o la falta de continuidad en el tratamiento o medicamentos, la negación de servicios de citas médicas y la negación de medicamentos.

Derecho a la educación

Sobre el derecho a la educación, la institución evidenció que persisten desigualdades estructurales en su garantía entre centros urbanos y áreas rurales. Las brechas en infraestructura también se manifestaron en rezagos en la garantía de derechos humanos en entornos escolares de la ruralidad: acceso a agua potable, electricidad e internet. Mientras que el 70 % de las instituciones educativas en espacios urbanos cuentan con acceso al líquido vital constante y gratuitamente, solamente el 40 % de las que están en zonas rurales lo tienen.

No obstante, la Defensoría valora el aumento del personal docente en las zonas rurales, pues ha pasado de 122.669 en 2014 a 128.741 en 2023.

Personas lideresas y defensoras de DD. HH.

Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 hasta diciembre de 2024, la entidad documentó 1.488 homicidios contra personas lideresas y defensoras de derechos humanos, con lo cual queda en evidencia la sistematicidad de una problemática que persiste año tras año, al cobrar la vida de quienes trabajan por la paz, la democracia y la defensa de los derechos en el país.

En lo relacionado con las Mesas Territoriales de Garantías, el balance para finales del 2024 indicaba que había 24 mesas instaladas, 22 de ellas permanecían activas. Sin embargo, solamente 16 realizaron al menos una sesión plenaria entre julio y diciembre. Siete mesas correspondieron a nuevas instalaciones en Caquetá, Caldas, Meta, La Guajira, Huila, Tolima y Quindío, una fue reactivada (Pacífico nariñense) y las demás desarrollaron sesiones ordinarias.

Niñas, niños y adolescentes

La garantía de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ) y personas mayores exige una atención prioritaria en las políticas públicas. El año anterior, la Defensoría del Pueblo reiteró que la violencia sexual contra NNAJ persiste, y lo hizo con la emisión de diez AT en siete departamentos (Nariño, Meta, Chocó, Caquetá, Casanare, Valle del Cauca y Bogota). Junto a mujeres, NNAJ son las personas más afectadas por ese delito.

Promoción y divulgación de derechos humanos

Durante el 2024, la Defensoría realizó 5.937 actividades en materia de promoción y divulgación: 3.301 de ellas en formación en derechos humanos y derecho internacional humanitario (DIH) y 2.636 en divulgación de DD. HH. y DIH.

Los talleres sumaron 2.576 actividades registradas en el sistema Módulo VisionWeb; las conferencias, 240; cursos para padres amonestados, 238; cátedras, 128, entre otros.

Desplazamiento forzado y confinamientos

El control territorial ejercido por actores armados ilegales provocó confrontaciones en zonas pobladas, lo que ocasionó 105 eventos de desplazamiento forzado masivo en 15 departamentos durante el 2024. Alrededor de 25.799 personas, en particular en Nariño y Cauca, resultaron afectadas. Muchas comunidades retornaron sin garantías de seguridad, mientras que otras aún continúan desplazadas.

En confinamientos, se presentaron 75 eventos en Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó (el más afectado, con 23), Córdoba, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca.

Población étnica

La situación de derechos humanos de los pueblos étnicos fue crítica en 2024. La reconfiguración del conflicto armado interno y la fuerte presencia de actores armados ilegales en territorios colectivos han afectado sus derechos individuales y colectivos: el territorio, la cultura, la autonomía y el gobierno propio. Todo lo mencionado constituye un atentado flagrante contra sus planes de vida, etnodesarrollo, usos y costumbres y el territorio. 

El informe completo sobre la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario, a propósito de las acciones de la Defensoría del Pueblo en la vigencia anterior, puede ser consultado en los siguientes enlaces:

• Informe de gestión al Congreso de la República 2024

Tomo I https://acortar.link/UF4tzB

Tomo II https://acortar.link/yV35q5